En este artículo te explicaremos en qué consiste la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (INA) presentado por un ciudadano venezolano que postuló a un cargo público en Chile y fue rechazado por no tener la nacionalidad chilena.
¿Qué es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es una acción judicial que permite impugnar la aplicación de una norma legal que se estime contraria a la Constitución Política de la República, en un caso concreto que se esté tramitando ante un tribunal ordinario o especial.
El órgano competente para conocer y resolver estos requerimientos es el Tribunal Constitucional, que es el encargado de velar por la supremacía constitucional y el respeto de los derechos fundamentales.
¿Qué norma se impugnó en este caso?
La norma impugnada en este caso fue el artículo 12 letra a) del Estatuto Administrativo, que establece como requisito para ingresar a la Administración del Estado ser ciudadano, es decir, tener la nacionalidad chilena por nacimiento o por naturalización.
El requirente, un ciudadano venezolano con residencia definitiva en Chile, postuló a un cargo de profesional en el Servicio Nacional de Aduanas, pero fue excluido del proceso de selección por no cumplir con el requisito de ciudadanía.
El requirente estimó que esta norma vulneraba su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho al trabajo, consagrados en los artículos 19 números 2 y 16 de la Constitución, respectivamente.
¿Qué argumentos utilizó el TC para acoger el requerimiento?
El TC acogió el requerimiento por unanimidad, declarando la inaplicabilidad de la norma impugnada para el caso concreto. Los argumentos principales que utilizó el TC fueron los siguientes:
- Que la exigencia de ciudadanía para ingresar a la Administración del Estado no tiene una justificación razonable ni proporcional, pues no guarda relación con las funciones específicas del cargo al que postuló el requirente, ni con el interés público que se pretende proteger.
- Que la exigencia de ciudadanía para ingresar a la Administración del Estado constituye una discriminación arbitraria basada en el origen nacional que afecta el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho al trabajo del requirente, sin que exista una causa objetiva y fundada que lo justifique.
- Que la exigencia de ciudadanía para ingresar a la Administración del Estado contraviene los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, que prohíben toda forma de discriminación por motivos de nacionalidad y garantizan el derecho al trabajo sin distinción alguna.
¿Qué consecuencias tiene esta sentencia?
La consecuencia directa de esta sentencia es que el requirente podrá continuar participando en el proceso de selección para el cargo al que postuló, sin que se le pueda excluir por no tener la nacionalidad chilena.
La consecuencia indirecta de esta sentencia es que se abre una puerta para que otros extranjeros con residencia definitiva en Chile puedan postular a cargos públicos en la Administración del Estado, siempre que cumplan con los demás requisitos legales y reglamentarios.
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